No, la persona buscada solo puede ser juzgada por los delitos contemplados en la solicitud de extradición.

Los medios de comunicación están cubriendo el tema de cerca, y los ciudadanos están ansiosos por conocer los detalles del acuerdo y el impacto que tendrá en la lucha contra el crimen internacional.

La extradición es el único medio para entregar a un individuo a una autoridad extranjera para el cumplimiento de una condena.

En este caso, las autoridades españolas evalúan la solicitud y deciden si cumplen con los requisitos legales y tratados internacionales aplicables.

El Convenio de extradición entre España y Suiza fue firmado en Madrid el 26 de septiembre de 1933 y entró en vigor el 27 de mayo de 1934. Este tratado establece los procedimientos y requisitos que deben cumplirse para que un país pueda solicitar la extradición de una persona acusada o condenada por un delito. Además, también se establecen las causas por las cuales la extradición puede ser denegada.

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Este tipo de extradición se inicia cuando las autoridades judiciales españolas emiten una orden de arresto internacional y solicitan la cooperación del país donde se encuentra el individuo reclamado.

La solicitud debe incluir detalles sobre el delito que se le imputa al individuo y la evidencia que lo respalda.

La Parte Requerida podrá entregar a la persona reclamada, de acuerdo con su propio procedimiento, sin click here to read exigir la presentación de los documentos previsto en el artículo X de este Tratado, si la persona reclamada consiente independientemente, ante una autoridad contencioso, en su entrega a la Parte Requirente.

Una tiempo recibida la solicitud, el Ocupación de Imparcialidad francés la examina para comprobar de que cumple con los requisitos legales y de que no hay motivos para rechazarla. Si se determina que la solicitud es admisible, se presenta delante un magistrado de instrucción para revisión y decisión.

Es decir, el Excmo. Tribunal Constitucional aboga por la exigencia de una autoridad sumarial Clicking Here para la emanación de OIDs, como seguro de los derechos del reclamado cuyo derecho fundamental a la autodeterminación se verá mermado.

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El Convenio incluso establece que la extradición no se otorgará si el solicitante ha sido condenado por un delito cometido antaño de que entrara en vigor el Convenio.